El Sheriff del Condado de Yuma reveló que sus colegas de la frontera no desean que se repita el panorama

Por Catalina Navarro/Reporte 653

Yuma, Arizona.- Durante crisis migratoria en la que se recibieron familias extranjeras indocumentadas por esta frontera, entre enero y septiembre del 2019, 3 mil 500 menores de edad fueron utilizados por traficantes de ilegales, para pasarlos con adultos que no eran sus parientes, con el fin de ser detenidos en este país como familias y poder pedir asilo humanitario.

Así lo expuso el Sheriff Leon Wilmot, del Condado de Yuma, durante una reunión informativa solicitada por el Tea Party del Río Colorado, y quien confirmó a esta reportera que los Sheriffs de la frontera no quieren que se repita dicho panorama y en medio de una pandemia, tras que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó el 19 de febrero a liberar solicitantes de asilo en las zonas urbanas de la frontera, debido a la falta de instalaciones para albergarlos.

“Estos datos me fueron proporcionados por la Patrulla Fronteriza”, refirió, “es un panorama que no queremos que se repita, pues además de los riesgos que corren los menores y las familias que son sometidas por ‘coyotes’ o traficantes de ilegales a trabajar hasta pagarles cuotas de miles de dólares, actualmente no se cuentan con recursos suficientes para albergar a los 25 mil solicitantes de asilo que se liberan desde el 19 de febrero”.

Precisó que en dicho periodo del 2019 hubo 860 mil aprehensiones, de las que 600 mil eran familias, hubo 76 mil menores de edad sin compañía y 6 mil 100 eran familias fraudulentas.

“Muertes en el desierto, agresiones, cárteles de droga y de tráfico de humanos explotando a las familias, sometiéndolos a trabajar hasta pagarles la alta cuota por pasarlos al país”, fue el escenario que desafortunadamente se registró en esta zona fronteriza.

Sheriff Wilmot lamentó que se pudieron documentar casos en que los traficantes dejan a los indocumentados en determinados lugares, y ahora “les van a quitar sus documentos y les cobrarán por cortarles los brazaletes de geoubicación GPS, como pasó la vez pasada”.

En ese periodo, se contaron 200 mil liberaciones de solicitantes de asilo procesados por ICE, como se conoce el Departamento de Aplicación de Leyes de Inmigración, en estas comunidades, debido a la carencia de instalaciones para detenerlos.

Su liberación se hace con la promesa de que aparecerán en sus fechas de Corte.

Eso significó que organizaciones no lucrativas destinaran sus recursos en albergue, alimentos, atención médica e incluso costos de transporte a estaciones de autobús o al aeropuerto para viajar a los estados donde los esperaban familiares, y esos recursos es de lo que actualmente carecen las organizaciones, pues se han estado destinando a apoyar a las familias locales que han sido impactadas por la pandemia.

“Los organismos no gubernamentales están ya pagando impuestos debido a la pandemia y no hay recursos, sus voluntarios están preocupados por la exposición potencial a la enfermedad”, expuso, “además las áreas rurales como Yuma tienen un solo hospital, y no tienen estación de autobús y los organismos no cuentan con instalaciones para habilitar albergues, como sucedió la vez pasada”.

“(La liberación de indocumentados solicitantes de asilo) es un mandato sin fundamentos para las comunidades locales, incluyendo las agencias de seguridad pública que no tenemos los recursos para absorver los resultados de esta decisión y los efectos de este precedente”, sentenció.

De hecho, el Sheriff Leon Wilmot recordó que ya se están absorviendo los costos por las agencias de Sheriff de Arizona, pues no les devuelven los fondos que gastan para abatir los crímenes cometidos por ilegales en estas comunidades.

“Los Sheriffs de Arizona solicitaron el reembolso a través del Programa de Asistencia por Extranjeros Criminales en el Estado (SCAAP) en 2019, pidiendo 19 millones de dólares y obtuvimos 1.3 millones de dólares”, enlistó.

Específicamente, el Condado de Yuma solicitó 418 mil dólares que había gastado en esos menesteres y recibió únicamente 34 mil dólares.

Esos altas cantidades se gastaron en desempeñar 4 mil 900 rescates y se dedicaron 300 mil horas de asistencia médica y hospitalización.

Desafortunadamente hubo 271 decesos y 822 agresiones a agentes de la Patrulla Fronteriza, por indocumentados que provinieron de 141 distintos países.

Las agencias de seguridad aprehendieron a mil 100 miembros de pandillas, de los que hay 900 mil casos pendientes de ICE de acudir a Cortes.

Además se decomisaron 29 toneladas de narcóticos por las agencias de seguridad pública en la frontera, con valor de 81 millones de dólares, lo que significó quitar de las calles 25 millones de dosis letales de drogas.

Sheriff Wilmot refirió que al menos a Texas también le está afectando duramente esta crisis, según se lo confirmó el Sheriff del Condado de Val Verde, Joe Frank Martínez.

Sugirió a los contribuyentes cuestionar a los Senadores estatales, pues “no están conectados con las comunidades locales ni ofreciendo soluciones, se necesita cuestionarlos sobre estos duros aspectos y el por qué están permitiendo que esto ocurra durante una pandemia”.