La medida a raíz de los nuevos Protocolos de Protección al Migrante del Presidente Biden

Por Catalina Navarro/Reporte 653

San Luis, Arizona.- Un total de 20 a 50 indocumentados que solicitaron asilo en Estados Unidos y a quienes les fueron asignadas fechas y lugares para presentarse ante una Corte federal para seguimiento de sus casos, están siendo liberados a diario en territorio del Condado de Yuma, según confirmaron funcionarios como el Senador republicano Paul Gosar de Arizona, el Alcalde de Yuma, Douglas Nicholls y el Sheriff del Condado de Yuma, Leon Wilmot.

A pesar de que el Alcalde Nicholls anunció que apenas el jueves pasado fue notificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de esta medida, y que comenzó ya el arribo de esos grupos a San Luis y Yuma, representantes de la agencia habían anunciado en un comunicado el 11 de febrero que será a partir del viernes 19 de febrero cuando comenzaría el seguimiento de las órdenes ejecutivas del Presidente Joe Biden.

“A partir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en nuestra frontera suroeste”, indican, “DHS comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a ‘permanecer en México’ bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y aproximadamente 25 mil individuos retornados bajo MPP mantienen sus casos abiertos”.

Las personas no deben tomar ninguna acción en estos momentos, y deben quedarse donde se encuentran en espera de nuevas instrucciones, estipula la medida.
Sin embargo, los indocumentados en estas condiciones están ocasionando un reto a las autoridades de San Luis, Yuma y el mismo nivel del Condado, como lo han confirmado el Alcalde Nicholls, el Administrador Tadeo De la Hoya y el Presidente de la Mesa de Supervisores Tony Reyes, de esos respectivos gobiernos, quienes han declarado, en entrevistas por separado con esta reportera, que no cuentan con recursos para atender las necesidades de alojamiento, asistencia alimentaria y, sobre todo, asegurar detección y vacunas contra el COVID-19, que aqueja desde marzo del 2020 a esta comunidad y ya provocó 767 muertes.

Los indocumentados que están siendo liberados ya habían sido retornados a México bajo el programa MPP, indicaron representantes de DHS, y cuentan con casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR por sus siglas en inglés).

“Individuos fuera de los Estados Unidos que no fueron retornados a México bajo MPP, o que no cuentan con casos de migración activos ante la corte, no pueden participar en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones”, especifican.

De forma similar, aquellos individuos en los Estados Unidos con casos activos de MPP, recibirán instrucciones por separado en el futuro próximo.

Aclaran que “este anuncio no debe ser interpretado como una invitación para que las personas migren de forma irregular a los Estados Unidos”.

Aseguraron que todas las entidades que colaboran en esta medida emplearán todas las medidas de seguridad preventivas de acuerdo con las indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

También afirman que a los individuos procesados a través de este programa se les hará la prueba de COVID-19 antes de entrar a los Estados Unidos y que el Departamento de Seguridad Nacional sólo procesará a individuos de acuerdo con su capacidad de hacerlo de forma segura y cumpliendo cabalmente con sus importantes misiones en materia de seguridad nacional, comercio, y facilitación de viajes.

Sin embargo, los funcionarios locales han coincidido en que no saben si estas condiciones se están cumpliendo y esperan que se les destinen recursos para atender esa situación.

En Yuma, el Alcalde ha afirmado que los recursos que tenía esa comunidad se han utilizado para apoyar a las familias locales que pasan por carencias debido al impacto a la economía que provocó el COVID-19, desde marzo del 2020 y que ya son insuficientes incluso para los mismos residentes.

En tanto, en San Luis, el Gobierno se ve impedido legalmente para destinar recursos propios del erario a entidades o individuos particulares, y que es la responsabilidad del Gobierno Federal el asistir a los indocumentados en estas condiciones.

El Supervisor Reyes, actual Director Ejecutivo del Comité de Bien Estar, organismo de vivienda con sede en San Luis, planea ya habilitar un plan de asistencia a los indocumentados que queden en esta frontera estadounidense, pero coincide en que es un reto difícil ante la pandemia.