La mujer, esposa de un oficial de Policía de San Luis, Arizona y veterana de las Fuerzas Armadas, fue arrestada el jueves

Por Catalina Navarro

San Luis, Arizona.- Una mujer que laboraba como guardia de seguridad del plantel de la San Luis High School enfrenta 44 cargos criminales por abuso sexual en contra de un menor, según se indicó en la audiencia ante la Corte de Justicia del Sur del Condado de Yuma.

Este viernes ante el juez titular Juan Manuel Guerrero se presentó por medio de videoconferencia, desde las instalaciones del Centro de Detención para Adultos del Condado de Yuma, Lizbeth Gomez-Coronel.

Un total de 20 son cargos por presunto abuso sexual, 20 son por conducta sexual con un menor y 4 por explotación sexual de un menor se le fincaron a la residente de San Luis.

Gomez-Coronel reveló en la audiencia que es esposa de un oficial de la Policía de San Luis, pero ello no será sinónimo de que se le trate con consideraciones especiales, “pues no es asunto del esposo”, expresó tajante el Juez Guerrero.

La acusada fue arrestada el jueves en San Luis, declaró a Reporte 653 por su parte el Teniente Marco Santana, presente en la audiencia.

“No podemos relevar más detalles de cómo se dio el arresto, porque todo forma parte de la investigación en curso, lo que sí podemos decir es que es muy lamentable que se den estos casos de abuso, pues nadie queremos que nuestros residentes sufran este tipo de situaciones”, dijo el vocero de la corporación.

Por tratarse de un menor, tampoco se dio a conocer si se trata de un estudiante de la escuela, pero es un varón, según se muestra en los documentos oficiales de la Corte.

El Juez Guerrero definió que encuentra causa probable para que Gomez-Coronel permanezca detenida, pero fijó una fianza por 50 mil dólares para que siga el proceso en libertad, y dio a la Fiscalía del Condado 2 días como plazo para fincar algún otro cargo o definir la situación penal de la mujer.

De acuerdo con el defensor de la acusada, se trata de una veterana de las Fuerzas Armadas, quien estuvo en Afghanistan por 5 años, y obtuvo la ciudadanía por naturalización.

Guerrero precisó que la situación migratoria de la acusada, así como la de cualquier persona que haya obtenido la ciudadanía por migración podria perderse y ser sujeta a deportación si se le encuentra culpable de las acusaciones.

Una represente de la agencia de abogacía y defensa de las víctimas de violencia doméstica y sexual, Amberly’s Place, estuvo en representación del menor de edad, quien pidió que la acusada no tenga ningún contacto con él, ni con sus familiares.

Gomez-Coronel deberá acatar las reglas de no tener contacto con la víctima, ni con otro menor, como con su hija biológica y sus 2 hijastros, como lo dio a conocer su abogado defensor.

Las autoridades llaman a los padres y menores a que siempre tengan comunicación constante y eviten actividades que los puedan poner en riesgo, recomendó el Teniente Santana.

Representantes del Distrito de High Schools de Yuma indicaron que por tratarse de un asunto de empleados no pueden revelar más información, mientras el caso siga abierto.