Los casos se dieron entre las temporadas de cosecha de lechuga de 2016, 2017 y 2018 en campos de Arizona y California, afectando a más de 3 mil 900 campesinos
Por Catalina Navarro
San Luis, Arizona.- Un grupo de miles de trabajadores del campo de origen mexicano que poseían la Visa H2-A con la que fueron contratados por empresas de Arizona y California recibirá compensación económica por supuestos abusos por los que acusaron a las empresas Dole Fresh Vegetables, Inc., Taylor Farms California, Inc. y Foothill Packing, Inc., dio a conocer una vocera de Servicios Legales Comunitarios.
Naquana Borrero, directora de Desarrollo y Comunicaciones del organismo que aboga por campesinos del sur de Arizona y California, dijo que se llegó a un acuerdo de 2.2 millones de dólares con las empresas la semana pasada, luego de que se cerrara el caso de acusaciones en las que los jornaleros aseguraban que no se les pagaba sus sueldos de manera justa, se les requirió viajar en sus propios vehículos y pagando ellos los gastos de transporte por varias horas al día sin que se les compensaran los viáticos, como lo manda la Ley de California.
Asimismo, las acusaciones incluían que se les obligaba a hacer trabajo preparatorio y ejercitación antes de cosechar lechuga sin recibir pago alguno por ese tiempo de labores previas.
Gustavo Ceja Alvaro, uno de los jornaleros que decidió hacer valer sus derechos en la demanda, expreso que dejó a su familia siguiendo un sueño de mejorar sus vidas.
El acuerdo es resultado de un caso elaborado en conjunto por el organismo de Asistencia Legal de California Rural, conocido en inglés por sus siglas CRLA, por Servicios Legales Comunitarios de Arizona (CLS) y la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, la CRLAF, en representación de 11 campesinos que se identificaron y a más de 3 mil 900 campesinos que fueron empleaos por la empresa Foothill Packing, Inc., para cosechar lechuga para las compañías Dole Fresh Vegetables, Inc., y Taylor Farms Calfornia, Inc., durante las temporadas de trabajo de los años 2016, 2017 y 2018.
Por su parte, Ana Vicente de Castro, abogada directora de la División Migrante de Salinas, California de CRLA, expresó que es frecuente que empleadores tomen ventaja de la vulnerabilidad de los trabajadores con Visa H2-A que vienen a Estados Unidos con esperanza de empleos con mejores salarios.
“Estos empleados comúnmente ignoran sus derechos y son aislados”, reiteró, “este acuerdo es un mensaje a los trabajadores con Visa H2-A y empleadores de que la ley protegerá a los empleados de robo de sueldos y salarios”.
De acuerdo con datos dados a conocer por los organismos de servicios legales, la cantidad de trabajadores del campo procesados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con la Visa H2-A se triplicó de 2008 a 2018, con más de 242 mil visas emitidas en todo el país.
Con el crecimiento de documentos, crece la incidencia de abusos de patrones y el impacto negativo a las comunidades rurales.
“Los portadores de Visas H2-A son traídos al país por empleadores que controlan dónde viven, cuándo y cómo asisten al trabajo y muchas veces incluso lo que pueden y no pueden hacer con su tiempo libre”, lamentó la abogada de CLRAF, Erandi Zamora.
“En este caso, la vivienda proporcionada por los patrones fue localizada muy lejos de los campos, lo que significa que los jornaleros tenían que pasar un promedio de 1 hora y media al día en autobuses, más el tiempo de su jornada laboral”, agregó.
Ese tiempo que usaban en transportarse debió habérseles pagado, por lo que el acuerdo de 2.2 millones de dólares les trae justicia.
“Entre los límites de Arizona y California, muchos campesinos trabajan en ambos estados el mismo día”, refirió la abogada Amanda Caldwell, administradora de la Unidad de Jornaleros de CLS, “en California los jornaleros tienen derecho a protección más fuerte que incluye descansos, tiempo de viaje, y protección bajo sombra”.
A menudo, dijo, esta circunstancia confunde a los empleados en conocer sus derechos, que pueden cambiar con el solo hecho de moverse de ubicación geográfica, “pero Servicios Legales Comunitarios está orgulloso de ser expertos en manejar este tipo de asuntos complejos entre estados”.
Zamora enfatizó, al igual que las demás abogadas, en que los jornaleros piensan que no pueden defenderse de grandes corporaciones como Dole, Taylor Farms o Foothill Packing, “pero este acuerdo es la prueba de que pueden y deben exigir sus derechos”.
Ante todo ello, el jornalero que dio su testimonio, Gustavo Ceja Alvaro, dijo que aprendió que “somos separados de nuestras familias y de nuestros hijos, por ello los empleadores nos deben tratar como dice la ley y los estados”.
La Asistencia Legal para California Rural fue fundada en 1966 con la misión de luchar por llevar justicia y hacer valer los derechos de individuos entre las comunidades más explotadas del país.
Cuenta con una red de más de 40 mil miembros en 20 ciudades de California y comunidades aledañas, proporcionando los servicios a jornaleros y sus familias.
Para solicitar asistencia del grupo de abogados, se puede comunicar con la Oficina de Servicios Legales en el (928) 627-8023 o en el sitio www.crlaf.org.
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