Texto y foto por Catalina Navarro

San Luis, Arizona.- A menos que sea por mandato federal establecido por el Congreso, la Ciudad de San Luis se ve legalmente imposibilitada de usar recursos públicos para apoyar directamente a los inmigrantes que son liberados por agentes federales, como los más de 100 centroamericanos que fueron dejados esta semana en la zona urbana, con sus permisos de estancia dados por ICE.

Tras ser asesorado por la abogada del Ayuntamiento Kay Macuil, el administrador municipal, Tadeo De la Hoya, dio a conocer que como lo estipulan los Estatutos Revisados de Arizona (ARS, por sus siglas en inglés), San Luis está considerada como una ciudad legalmente sin recursos para hacer frente a esta crisis humanitaria.

El código 9, en sus apartados 240 y 276, sobre poderes del Ayuntamiento, indica que toda municipalidad tiene y puede con finanzas propias emanadas de las contribuciones públicas, controlar compras, edificaciones, cierre y apertura de avenidas, regular y establecer oportunidades de empleo, entre otras facultades, dentro de su territorio y para efectos municipales.

Por lo que el hecho de que hayan sido autoridades federales como el Departamento de Aplicación de Leyes de Inmigración (ICE), o la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma, las que dejaron en la ciudad a los detenidos previamente en su facultad federal, les da a ellas la responsabilidad de actuar en sus necesidades.

“Bajo la Constitución de Arizona, la Ciudad no pueden hacer donaciones de sus fondos o subsidios a personas o entidades privadas”, expresó Macuil en su referencia legal, “el Gobierno Federal, por otro lado, tiene la autoridad para proveer bienestar de la gente”.

“El alcalde Gerardo Sánchez, al saber de la situación, de que se estaban llevando a esas personas a la iglesia católica, sin haberles avisado a sus directivos, tomó cartas en el asunto y convocó a una reunión con algunos comerciantes y líderes comunitarios, para ver si se podría dar alguna alternativa, ante el impedimento legal de la Ciudad”, refirió De la Hoya.

Tras la reunión sostenida el martes por la noche, en las instalaciones municipales, se coordinaron fuerzas con los asistentes y resultó la implementación de un par de espacios adicionales al templo San Judas Tadeo, para que poco más de 30 inmigrantes que no cupieron en ese lugar, pasaran la noche en la iglesia Apostólica y el salón de Comité de Bien Estar, recordó.

En ese sentido, el párroco de San Judas Tadeo, Abraham Guerrero, propuso que las autoridades federales den aviso a la Diócesis de este tipo de traslados de inmigrantes, para poder coordinarse, pues “yo estoy solo en esta situación”.

“ICE o Patrulla Fronterizas deben de comunicarse con los obispos (en la Diócesis de Tucson, que supervisa las iglesias), y los obispos con nosotros en la frontera, para poder coordinarnos con el Vicariato Yuma y La Paz y coordinarnos con nuestras comunidades”, propuso.

Hasta el cierre de edición, voceros de Patrulla Fronteriza de Sector Yuma no contestaron a las solicitudes de este semanario sobre si harán de nuevo acciones como esta en San Luis.