Se fortalecerán además los controles internos de seguridad y se fomentará entre los empleados la cultura de la integridad, al existir ya un marco legal

El grupo parlamentario de Encuentro Social en el congreso de Sonora, presentaron una iniciativa de reformar el código penal para que se sancione los delitos cometidos a los agremiados, socios o integrantes de las empresas del Estado.

Esta reforma tiene la finalidad de incrementar la responsabilidad jurídica de personas morales o empresas, así lo menciono el diputado Alonso Montes Piña, comentando que la propuesta contempla un nuevo catálogo de delitos en donde estos entes jurídicos obtendrían responsabilidades ante la ley en caso de la comisión de un delito, ya sea en de las éstas, por las que comentan sus agremiados coaccionados por quienes ostenten el poder dentro de dichas organizaciones o bien por omisiones de las personas jurídicas en el entorno laboral.

“Esto implica que las empresas que no establezcan controles al interior de su organización destinados a la prevención del delito, conforme los riesgos penales de sus procesos de negocio, o que teniéndolos no puedan probar a la autoridad penal que existen y que son eficaces, serán penalmente responsables, con independencia de la responsabilidad penal que resulte para las personas físicas, cuando éstas cometan delitos a nombre de la empresa, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen”, expuso el legislador ante el Pleno.

El maestro y legislador sanluisino agregó, que esta iniciativa se hace ante la necesidad actualizar el marco jurídico estatal homologándolo a lo contemplado ya por parte de la Federación.

Abundó en que esta reforma impone a las empresas la obligación de crear un plan interno de prevención del delito, reforzando las medidas de transparencia dentro de las compañías a fin de no verse afectadas por actos ilícitos cometidos por directivos, empleados o asociados.

“Esta reforma, impone deberes a las empresas, por lo que deberán contar con un plan de prevención de delitos actualizado, con el fin de no verse condenadas por los delitos cometidos por sus empleados o directivos; Queda claro que es deber de las personas jurídicas revisar y actualizar sus mapas de riesgo, incorporando estas conductas; tomar en cuenta que, si su exposición a estas infracciones es alta, debe adoptar nuevas medidas de protección y detección, así como contar con un programa de compliance penal sustentado en las buenas prácticas internacionales”, argumentó Montes Piña.

Así, concluyó, se fortalecerán además los controles internos de seguridad y se fomentará entre los empleados la cultura de la integridad, al existir ya un marco legal que responsabilice a las empresas ante la posibilidad de un crimen.

“Lo anterior es fundamental para mantener un debido control dentro de la organización, tendente a la prevención del delito por parte de empleados, administradores o representantes de las personas jurídicas; con ello se mitigaría considerablemente los riesgos y fomentaría la cultura de la integridad al interior de las mismas”, finalizó el legislador.